miércoles, 22 de abril de 2009

DECLARACION XII ENCUENTRO INTERNACIONAL ISCOD UGT CSA, SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

XII Encuentro Internacional ISCOD-UGT-CSA
“Trabajo y Seguridad Social en América Latina”
ESTRATEGIAS SINDICALES IBEROAMERICANAS EN SEGURIDAD SOCIAL PARA AMERICA LATINA
DECLARACION FINAL
Cortesía : BOLETIN A CUMPLIR OIT
Escuela Julián Besteiro.
Madrid, España, 31 marzo 2009
Reunidos en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro, los días 30 y 31 de Marzo de 2009 en el XII Encuentro Latinoamericano sobre “Trabajo y Seguridad Social” organizado por ISCOD-UGT-CSA, representantes sindicales de 28 organizaciones nacionales de 17 países de América Latina-Caribe (ALC), junto a la Union General de Trabajadores (UGT) de España y otros invitados especiales.
Tomando como base los trabajos realizados recientemente en Lima, Perú (16-20 marzo), en el marco del Taller Regional “Fortalecimiento de Redes Sindicales en materia de Protección Social en América Latina”, organizado por el proyecto SSOS (Seguridad Social para Organizaciones Sindicales) de la OIT, con la cooperación del Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en los que han participado buena parte de las Organizaciones aquí presentes.
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Teniendo en cuenta, con relación a los/as trabajadores/as autónomos, los productos generados por ISCOD-UGT y el sindicalismo latinoamericano a través de la Plataforma Sindical Continental de las Trabajadoras/es Autónomos para la Seguridad Social (Lima, Perú, junio 2008), dentro del marco del Proyecto ASEI (Acción Sindical para la Organización y Protección de los Trabajadores de la Economía Informal), cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el documento “Experiencias Sindicales sobre Seguridad Social y Economía Informal en ALC”, y el SINDLAB (Laboratorio Sindical Iberoamericano de Trabajo Autónomo y Economia Informal), estos dos últimos presentados en el Encuentro.
Recordando las conclusiones del Éncuentro ISCOD-UGT y ORIT sobre “Migración y Desarrollo”, de Mayo de 2005
Considerando, en la misma temática, otros antecedentes provenientes de la experiencia española: la acción de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA).
Valorizando la experiencia de EUROSOCIAL sobre Pacto Fiscal.
Hemos llegado a las siguientes Conclusiones
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I - Diagnóstico de Situación:
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. El panorama estructural económico y sociolaboral en ALC en materia sociolaboral se caracteriza, en la mayoría de los países por:
- un crecimiento económico con bajos niveles de productividad y tecnología, con un atraso endémico del sector agrícola, y una muy inequitativa distribución de la renta (con los peores indicadores a nivel mundial).
- muy altos índices de informalización laboral, tanto entre los trabajadores/as dependientes como entre los trabajadores/as autónomos, junto a extendidos procesos de desempleo, subempleo, tercerización y pobreza. La vulnerabilidad laboral es especialmente alta entre las mujeres, los jóvenes, la población migrante, y los trabajadores/as del campo.
- una debilidad Institucional y de políticas públicas en Protección Social y en Salud y Seguridad en el Trabajo.
- limitaciones, e incluso eliminación, del ejercicio de la libertad sindical, incluyendo la persecución de dirigentes sindicales y hasta su asesinato (en Guatemala y Colombia); insuficiente desarrollo de la negociación colectiva y escasa utilización del tripartismo y el diálogo social como instrumentos de legitimación social.
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2. En el campo de la Protección Social, se encuentran escasos niveles efectivos de cobertura, representando apenas el 25% de la población, fundamentalmente como resultado de la alta informalidad. A ello se agregan los efectos del desempleo sobre la densidad de cotización y los problemas complementarios ocasionados por la rotación laboral, como producto de las políticas de flexibilización. Se observa también:
- limitada capacidad de recaudación, control y sanción de las administraciones, generándose altos porcentajes de evasión y percepción de impunidad.
- ausencia de sistemas fiscales progresivos.
- escaso nivel de ratificación y aplicación de las normas internacionales en esta materia, como el Convenio 102 de OIT.
3. La falta de acceso a la Seguridad Social fuerza a gran parte de los/as adultos/as a seguir trabajando hasta edades muy avanzadas, y condena a la marginación y a la pobreza a aquellos/as que por incapacidad física no pueden hacerlo. Las malas condiciones de trabajo y de vida de importantes segmentos de la población, provocan el deterioro y el desgaste de los/as trabajadores/as en forma prematura, adelantando las necesidades de cobertura. La carencia de políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo, o las dificultades de acceso a servicios preventivos de salud durante la vida laboral; así como la existencia de subempleo y exceso de jornadas, va en detrimento de la integridad física, en general para el caso de la mujer y, en particular, para los trabajadores agrarios.
4. La actual crisis está afectando a la Proteccion Social en general, y la Seguridad Social en particular (en todos los sistemas), introduciendo un conjunto de fenómenos negativos adicionales: menor recaudación por menor afiliación, mayor morosidad, mayores abusos de los empleadores y menor tasa de sustitución. También se observa la elusión, es decir, la subvaloración de los aportes.
5. La crisis también ha puesto en evidencia, de manera definitiva, las grandes carencias de los regímenes de capitalización individual operados por fondos privados de pensión, que se han expandido en los últimos veinte años en ALC como parte de las reformas neoliberales, afectando a las pensiones, salud y riesgos profesionales. También están presentes en algunos de los países recientemente incorporados a la Unión Europea, quedando igualmente afectados.
Tales regímenes tienen en su interior un conflicto entre el principio de rentabilidad que persiguen, con eje en altas comisiones y colocaciones riesgosas en el negocio bursátil, y la promesa de cobertura ante la contingencia social, no
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habiendo establecido mecanismos suficientes que garanticen la seguridad de los fondos previsionales.
6 Las pérdidas de ahorro de los trabajadores cotizantes de los fondos de pensiones en ALC –según expuso el experto Carmelo Mesa Lago en el presente Encuentro-, representan entre el 25 y el 45% en Argentina, Brasil, México y Chile. Las pérdidas son también de al menos 20% en los países europeos. En paralelo, los administradores no han visto afectadas mayormente sus ganancias. El comportamiento de los fondos privados de pensión ha sido uno de los factores generadores de la crisis, al haber colaborado con la sobre-expansión del negocio financiero.
7. La crisis en los países industrializados ocasiona problemas adicionales para la Protección Social en América Latina-Caribe, al generar un flujo de migracíon de retorno, que presionará sobre las necesidades de tales políticas en los países de origen. En igual sentido juega la reducción de remesas de inmigrantes, en cuanto a la menor capacidad de recursos de quienes permanecen en el país de destino, frecuentemente afectados por la crisis en mayor medida que los nativos, por su mayor fragilidad.
8. En América Latina-Caribe, la crisis ha iniciado o fortalecido un proceso de reacciones nacionales en la Protección y Seguridad Social, centrado en la recuperación y ampliación del papel del Estado en las políticas públicas. Este es el caso de las reeformas chilena y argentina. En la mayor parte de los países que cuentan con fondos privados se desarrolla actualmente un debate público y se elaboran nuevas propuestas, como es el caso de Bolivia y Perú.
II- Propuestas
9. Ni la salud, ni las pensiones son una mercancía, por lo que rechazamos el modelo mercantilista de fondos privados de Seguridad Social y nos ratificamos en la defensa del sistema de reparto.
Este sistema es superior a aquel durante la crisis, otorgando un margen de maniobra superior a su resolución. Pero nuestra defensa es por una razón superior: permite avanzar hacia la Seguridad Social como derecho humano fundamental, lo que es violado en su esencia por los fondos privados.
El Estado debe ser garante, gestor y administrador de los Sistemas de Seguridad Social, desarrollando las políticas de Protección Social, que los complementen, garantizando una adecuada participación de los trabajadores. En tal sentido, reafirmamos el contenido de la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), acordada por el sindicalismo de la región, y que fuera presentada ante la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre 2005). En esta PLA se
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llama a participar en la construcción de un modelo de Seguridad Social integral, solidario, redistributivo, universal y con la responsabilidad del Estado que equilibre la sociedad con las garantías de protección a todas las trabajadoras y los trabajadores con independencia de la forma de inserción laboral o de su localización geográfica, así como del origen nacional y que siente las bases del modelo de sociedad que todos nos merecemos.
10. Defendemos el Convenio 102, en tanto norma mínima de Seguridad Social, es el referente normativo internacional, al establecer criterios y reglas claras para la cobertura de las nueve contingencias de la Seguridad Social: Asistencia Médica, Enfermedad, Desempleo, Vejez, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Asignaciones Familiares, Maternidad, Invalidez y Viudez. También ratificamos la plena vigencia de la Resolución de la 89° Conferencia de 2001, relativa a la Seguridad Social.
11. En ALC, además de diversos problemas a resolver en términos de calidad de prestaciones y la propia gestión del Sistema, el problema estructural que urge enfrentar es la ampliación de la cobertura de pensiones y de salud para el gran número de trabajadores no registrados.
En primer lugar, se necesita modificar la situación referida al no registro de relaciones de dependencia, habitualmente denominado empleo precario, en empresas formales, incluyendo aquellas simuladas como autónomas en relaciones tercerizadas.
Las instituciones públicas y las organizaciones sindicales deben ejecutar procesos de fiscalización para detectar la evasión en las aportaciones, aplicar sanciones y recuperar los recursos provisionales, planteando acciones penales en contra de los empleadores por el delito de fraude de recursos públicos.
Junto a ello, el segundo y mayor problema que se presenta en la región es el no registro de los/as trabajadores/as autónomos (también denominados independientes, autoempleados, autogenerados, cuentapropistas, no dependientes, no asalariados o trabajadores de la economía informal) que debe encararse mediante regímenes contributivos y no contributivos adecuados a sus particularidades e ingresos, integrado en un sistema solidario que garantice una cobertura mínima. Ello requiere políticas fiscales que graven fundamentalmente las ganancias y el patrimonio, con énfasis en los capitales financieros de carácter rentista y especulativo, reduciendo el peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, en especial el de bienes y servicios básicos.
12. La extensión de la cobertura de la Seguridad Social tiene, además, como consecuencia, un impacto positivo en la afiliación de los trabajadores a las estructuras sindicales. En España, UPTA ha demostrado las posibilidades que tiene el diseño de una estrategia integral hacia los trabajadores autónomos,
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incluyendo los económicamente dependientes, enlazando la acción sindical con la cobertura de la Seguridad Social, mediante la promoción de legislación adecuada, como la LETA.
13. El fenómeno de repatriación de inmigrantes ubica en toda su magnitud la importancia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para invalidez, vejez y supervivencia. Un convenio similar ya vigente (desde 2005) en el Mercosur, facilitará avances en su aplicación. Estos son instrumentos imprescindibles, para poder totalizar los años de trabajo de cada ciudadano, con independencia de su residencia, evitando la pérdida de derechos.
Las centrales sindicales de Iberoamérica se comprometen a trabajar para que sus países ratifiquen el Convenio Iberoamericano, de forma que entre en vigencia a partir de 2010. Asímismo, es imprescindible que desde el convenio se creen ámbitos de participación social y se potencien sus posibilidades en materia de representación sindical, que se proyectaría hacia ALC.
Al respecto, el enfoque sobre codesarrollo presentado por ISCOD en el citado Encuentro sobre “Migración y Desarrollo” de 2005 mantiene toda su vigencia. Así mismo, el reciente desarrollo de la Ley de Extranjería española, garantizará el derecho a la sindicalización de los trabajadores inmigrantes, aún en situación irregular, atendiendo las Normas Internacional de Trabajo de OIT.
14. De acuerdo al diagnóstico que señala la vulnerabilidad laboral, especialmente alta entre las mujeres y los jóvenes, resaltamos la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan su protección y desarrollo. En particular, respecto de la igualdad de género, se requieren indicadores socioeconómicos que permitan conocer la dirección y magnitud de los impactos negativos sobre las inequidades.
15. La participación social es fundamental en la gestión de la crisis, por lo tanto debemos reclamar que, previamente a la toma de cualquier resolución estatal en materia de Seguridad Social, deban ser consultados los actores sociales. Asimismo, es imprescindible que los Estados introduzcan la educación en Protección Social, ya que existe un alto desconocimiento sobre los sistemas en cuanto a sus modalidades y oportunidades, por parte de los cotizantes y ciudadanos en general.
16. Ante la crisis, además de medidas activas de creación de empleo, como el estímulo a las Pymes, también son necesarias otras políticas de Seguridad Social en el campo del desempleo, vía prestaciones e Impulso de programas de capacitación profesional, con el fin de reinsertar a los desempleados en el mercado de trabajo.
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17. La defensa de los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y negociación colectiva, en tanto cuestiones de “ser o no ser” para el movimiento sindical, se mantiene y refuerza durante la crisis. La negociación colectiva puede ser una vía de decisiones consensuadas entre empresarios y trabajadores, en la coyuntura de crisis, preservando el equilibrio entre las partes.
18. Hacemos un llamado a los países desarrollados a respetar sus compromisos de cooperación y a mantener o incluso ampliar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo, no utilizando la crisis como un motivo de recorte.
19. Acordamos que las Organizaciones Sindicales solicitarán a la organización de la III Cumbre Iberoamericana de Interlocutores Sociales, a realizarse en septiembre de 2009 en Portugal, la inclusión de la Seguridad Social dentro de la agenda.
20. Consideramos que el tema del próximo Encuentro ISCOD-UGT-CSA , con el apoyo de EUROSOCIAL, podría referirse a la necesidad de una “nueva fiscalidad” como puente con los contenidos y conclusiones de esta reunión y, en general, para avanzar en la estrategia de CSA por una redistribución del ingreso, asignatura pendiente en ALC.
En Madrid, el 31 de marzo de 2009
Argentina: CTA, Rubén Garrido y Jorge Acedo
Bolivia: COB, Ramiro Condori
Brasil: CUT, Severo Quintino; Forca Sindical, Ortelio Palacio; UGT, José Francisco de Jesús Pantoja
Colombia: CGT, William Millán; CTC, Apecides Alviz; CUT, Alfonso Velásquez
Costa Rica: CTRN, Tyrone Esna
Chile: CUT, José Manuel Díaz; UNT, Diego Olivares
Ecuador: CEOSL, Jaime Arciniega
El Salvador: CATS, Francisco Quijano; CTD, Rudy Nelson Castellano
Guatemala: CGTG, José Pinzón; CUSG, Noé Ramírez
Honduras: CTH, Mauro González; CUTH, Israel Salinas
México: CROC, José del Valle; CTM, Salvador Medina; UNT, Félix Perusquia
Nicaragua: FNT, José Antonio Zepeda
Panamá: Convergencia Sindical, Kaira Reece
Paragüay: CUT-A, Bernardo Rojas
Perú: CGTP, Auris Melgar Olmedo; CUT, Julio César Bazán
Uruguay: PIT-CNT, Marcelo Abdala y Ariel Ferrari
Venezuela: CTV, Manuel Cova
CSA: Víctor Báez y Laerte Teixeira
España: UGT, Manuel Bonmati
, José Manzanares y Sebastián Reyna.

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